Mientras más de 12 mil habitantes de San Miguel Xoxtla enfrentan cortes constantes en el suministro de agua, del pozo número 3 del municipio se extraen diariamente hasta cinco pipas de 10 mil litros cada una, sin que se haya informado a la población sobre el destino del líquido, denunciaron integrantes del comité ciudadano del agua.
En conferencia de prensa realizada en el zócalo de la ciudad de Puebla, Pascual Bermúdez Chantes, integrante del comité y defensor del derecho humano al agua, señaló que el ayuntamiento de Xoxtla, responsable del resguardo del pozo, ha omitido transparentar quién autoriza la extracción y con qué finalidad se traslada el recurso hídrico, pese a las reiteradas solicitudes vecinales.
El activista advirtió que esta práctica podría estar relacionada con presuntas irregularidades en el suministro mediante pipas, registradas en administraciones pasadas, cuando se reportaron pagos por abastecimiento a colonias que nunca recibieron el agua. Dichos hechos habrían ocurrido durante la gestión de Gustavo Gaytán Alcaraz, sin que hasta ahora se haya aclarado el uso del líquido extraído.
Ante la falta de información oficial y la desconfianza hacia la autoridad municipal, Bermúdez Chantes informó que este sábado se realizará una asamblea comunitaria para analizar la posibilidad de que el comité ciudadano retome la operación del servicio de agua, con esquemas de vigilancia vecinal y rendición de cuentas sobre el manejo del pozo.
Asimismo, denunció que el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) mantiene su intención de extraer agua del pozo Pavigi, proyecto impulsado desde octubre pasado. Señaló que la presencia de maquinaria del organismo en una zona deportiva del municipio evidencia que el plan continúa, a pesar del rechazo de la comunidad.
El defensor del agua también señaló que persiste la persecución contra quienes se oponen a la extracción de agua para trasladarla a la ciudad de Puebla. Recordó que en marzo fue citado, junto con otro activista, a una audiencia en el Poder Judicial Federal, derivada de una denuncia por el cierre de la autopista México–Puebla durante protestas relacionadas con la defensa del recurso hídrico.
Durante la misma actividad, una integrante del Comité de Agua de Nealtican denunció que en ese municipio más de 14 mil habitantes pueden pasar semanas completas sin servicio, mientras millones de metros cúbicos se extraen de varios pozos para abastecer a la capital poblana, situación que, afirmó, profundiza la desigualdad en el acceso al agua.
