Los familiares de Jorge Alberto N., quien perdió la vida en un accidente de tránsito el pasado 16 de agosto en la Vía Atlixcáyotl, exigieron a las autoridades que el caso no quede impune tras la liberación del presunto responsable. Señalan que nunca fueron notificados sobre la audiencia ni participaron en ningún acuerdo con el conductor involucrado.
El fallecimiento ocurrió cuando Jorge Alberto, de 52 años, regresaba a su domicilio después de reunirse con amigos. El accidente se produjo al perder Luis Fernando N., al volante de un automóvil Cupra León, el control de su unidad, provocando un choque múltiple. El taxista murió en el lugar, mientras que otra persona resultó herida. Aunque el conductor fue detenido inicialmente, días después fue liberado bajo la supuesta existencia de un acuerdo con las víctimas, versión que los familiares rechazan categóricamente.
Durante el cortejo fúnebre, que se trasladó desde el velatorio Latinoamericana Recinto Funeral hasta el panteón Jardín en la colonia Arboledas de Loma Bella, los deudos expresaron su indignación por la falta de comunicación de la Fiscalía. “Nos enteramos de la audiencia por terceras personas, no hubo notificación oficial. No es justo que nos excluyan de un proceso que nos afecta directamente”, reclamó Viridiana Sánchez Osorio, hija de la víctima.
Baruch Sánchez, hermano de Jorge Alberto, enfatizó que su familiar era un hombre trabajador y responsable, y criticó que la ley permita que alguien pueda quedar en libertad tras causar un homicidio culposo. “Hay daños que no se pueden reparar. No hemos firmado ningún acuerdo y nadie se ha acercado a nosotros; parece que las leyes protegen al que tiene dinero”, denunció.
Los familiares hicieron un llamado a la Fiscalía General del Estado para garantizar la igualdad en el proceso y que el responsable enfrente todas las consecuencias legales. Relataron que, tras el accidente, tuvieron que buscar a Jorge Alberto en el Semefo por su cuenta, ya que nadie les informó de su fallecimiento a pesar de que llevaba identificación.
También advirtieron que podrían emprender acciones legales adicionales si detectan irregularidades o favoritismos en la investigación. Su petición central es clara: justicia efectiva, sin privilegios, y que se reconozca el derecho de la familia a estar informada y ser considerada durante todo el procedimiento.
