Mientras el gobierno de Puebla presume una baja de 40% en los casos de feminicidio, el hallazgo de dos mujeres asesinadas a balazos dentro de un vehículo abandonado volvió a evidenciar la crudeza de la violencia de género en el estado. El contraste entre los datos oficiales y los hechos recientes ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de las acciones emprendidas.
Las víctimas fueron identificadas como Liliana Gabriela Sánchez Machorro, abogada de 34 años, y su asistente Shayla Alejandra Martínez Hernández. Ambas desaparecieron la madrugada del domingo en el municipio de Tepeaca, y horas después fueron encontradas sin vida en la carretera Tecamachalco–Quecholac. El caso es investigado como un posible doble feminicidio.
Días antes, el gobernador Alejandro Armenta y la fiscal estatal habían destacado que la apertura de centros especializados para atender violencia familiar había contribuido a reducir los feminicidios. Incluso informaron que más personas estaban denunciando gracias a la recuperación de la figura del Ministerio Público y la creación de espacios como las Casas Carmen Serdán.
No obstante, colectivos feministas y activistas han advertido que la disminución en las estadísticas no significa que el problema esté resuelto. El crimen contra Liliana y Shayla revela que, a pesar de los avances institucionales, muchas mujeres siguen en riesgo y sin garantías reales de protección.
En Puebla operan actualmente 43 espacios de atención a víctimas, según datos oficiales. Pero el reto —advierten especialistas— no está solo en abrir más oficinas, sino en asegurar que cada denuncia derive en acciones eficaces y oportunas para salvar vidas.
El caso de Tepeaca ha encendido de nuevo la alarma. Y mientras las autoridades procesan los números, familiares, colegas y ciudadanos piden justicia para dos mujeres más que no lograron volver a casa.
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