A pesar de los intensos operativos realizados en Chignahuapan, las autoridades no lograron la captura de Juan Lira Maldonado, alias “El Moco”, señalado como uno de los principales responsables de las amenazas que pudieron haber alterado el proceso electoral del municipio este domingo. El presunto líder criminal continúa prófugo, lo que representa un desafío para la Fiscalía General del Estado (FGE), que mantiene su búsqueda activa.
En los cateos ejecutados en diversos inmuebles vinculados a Lira Maldonado, las autoridades encontraron evidencia de la participación del crimen organizado en el proceso electoral. Entre los hallazgos, se descubrieron artículos de propaganda electoral con la imagen de la excandidata a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano (MC), Yasmín Medina Carrasco, así como armas de fuego y mil 80 cupones para la compra de votos. Además, fueron localizadas listas nominales que podrían estar relacionadas con intentos de manipulación del sufragio.
La fiscal general del estado, Idamis Pastor, confirmó que, a pesar de los operativos realizados, no se logró la detención de “El Moco” ni de otro individuo señalado por los mismos delitos, lo que deja abierta la posibilidad de que ambos continúen operando de manera ilícita en la región. La falta de captura de Lira es un golpe a los esfuerzos de las autoridades para desmantelar las redes criminales que operan en la Sierra Norte de Puebla.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, explicó que, según los trabajos de inteligencia, Juan Lira había organizado operativos con el fin de sabotear la jornada electoral en Chignahuapan. El mandatario aseguró que el criminal tenía “todo listo” para intervenir en el proceso, lo que pone en evidencia la grave amenaza que representaba para la seguridad en la zona.
La fuga de Juan Lira y la falta de su captura continúan siendo un tema preocupante para las autoridades, ya que pone de manifiesto la persistente influencia del crimen organizado en algunos municipios y la necesidad de reforzar las estrategias de seguridad para garantizar que el estado de derecho prevalezca en todo el territorio.
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