En los últimos seis años se han acumulado 105 quejas contra la Fiscalía General del Estado de Puebla por presuntas fallas en los procesos de búsqueda y esclarecimiento de casos de personas desaparecidas. Los expedientes se han presentado de manera constante desde 2019, con un comportamiento que revela más incrementos que reducciones en la supervisión realizada por familiares y colectivos.
De acuerdo con la información obtenida por transparencia, el registro más bajo fue en 2019, cuando solo se levantaron dos quejas. Sin embargo, al año siguiente la cifra se disparó a 16. La tendencia descendió brevemente en 2021, con un solo reporte, pero volvió a crecer de forma sostenida a partir de 2022.
En los años posteriores el ritmo fue incluso mayor: 25 quejas se contabilizaron en 2023 y 26 en 2024. El seguimiento del presente año mantiene el ascenso. Entre enero y agosto de 2025 se han documentado 18 denuncias contra funcionarios de la institución encargada de investigar los casos de desaparición.
Solo una mínima parte de esos expedientes ha concluido. De las denuncias presentadas en 2025, tres quedaron archivadas, mientras que el 83 por ciento permanece en trámite. En contraste, durante 2024 el porcentaje de casos archivados fue mayor, pues 11 de 26 terminaron cerrados.
Paralelamente, también aumentó la carga de trabajo en materia de investigación. Entre enero y agosto de este año se iniciaron mil 187 carpetas por desaparición en la entidad, equivalentes a casi cinco casos nuevos cada día. Marzo concentró el mayor número de registros, seguido por enero y junio.
Julio, febrero y agosto fueron los meses con menos carpetas abiertas, sin modificar la tendencia general al alza. Tanto la cantidad de denuncias por posibles deficiencias institucionales como el número de investigaciones en curso apuntan a un escenario que persiste y que aún no encuentra un mecanismo efectivo de resolución ni en lo administrativo ni en lo operativo.
