Promesas de altos rendimientos y supuestos avales oficiales llevaron a más de 300 poblanos a invertir sus ahorros en AE Capital, una firma financiera que, cuatro años después, ha sido señalada como responsable de un fraude estimado en más de 10 mil millones de pesos. A pesar del daño, el caso avanza lentamente en tribunales, con la mayoría de los responsables aún en libertad.
La empresa, con sede en la capital del estado y constituida en 2015, operó a través de plataformas digitales ofreciendo rendimientos mensuales de hasta 3.3 por ciento. Según los afectados, AE Capital aseguraba tener autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que resultó falso. El modelo logró atraer a unas dos mil personas en México y el extranjero, aunque solo una décima parte presentó denuncias formales.
El caso ha sido comparado con el escándalo de los hermanos Tiro Moranchel, responsables del fraude de Invergroup, aunque en esta ocasión el monto defraudado sería cinco veces mayor. La abogada Eliana Bonilla Castillo, representante de un grupo de víctimas, señaló que se trata del mayor fraude documentado en la historia financiera de Puebla.
A pesar de que las cuentas de la firma permanecen congeladas, la devolución del dinero a las víctimas no ha ocurrido. La mayoría enfrenta un proceso judicial largo y costoso, mientras algunos han fallecido sin obtener justicia. Entre los afectados hay personas de edad avanzada, enfermos y familias que lo perdieron todo.
Los principales accionistas de AE Capital, Gabriel Antúan N. y Luis Antonio N., se mantienen prófugos desde hace años. Solo una de las fundadoras, Daniela N., fue detenida en 2021, pero intenta obtener su liberación bajo revisión de medida cautelar, lo que ha generado alarma entre las víctimas.
Bonilla Castillo acusó al Poder Judicial de Puebla y a la Fiscalía estatal de permitir la inercia procesal que favorece la impunidad. También advirtió que la falta de justicia ha debilitado la confianza de inversionistas extranjeros, algunos de los cuales han abandonado sus reclamos ante la percepción de ineficiencia institucional.
Las víctimas exigen una actuación firme por parte de las autoridades locales y federales. Para ellas, más que una estafa, este caso representa un colapso en los mecanismos de protección financiera y acceso a la justicia en México.
