El Ejecutivo de Puebla manifestó su disposición permanente al diálogo con el sector del transporte público, pero dejó en claro que las demandas del gremio no pueden poner contra las cuerdas ni al gobierno estatal ni a la ciudadanía, en medio del amago de un paro de unidades en la capital y la zona metropolitana.
La postura fue expresada luego de que transportistas advirtieran sobre la posible suspensión del servicio como medida de presión ante los operativos y sanciones derivados de la revista vehicular, un proceso que, de acuerdo con la autoridad estatal, se mantuvo abierto durante varios meses para regularizar concesiones y condiciones de las unidades.
Desde el gobierno estatal se señaló que las acciones en materia de movilidad buscan garantizar un servicio seguro, ordenado y eficiente para los usuarios, por lo que el cumplimiento de las obligaciones no puede condicionarse mediante afectaciones a la vida cotidiana de miles de personas que dependen del transporte público.
Aunque se reiteró la apertura para escuchar planteamientos del sector, también se subrayó que las decisiones no responderán a presiones colectivas que impacten la movilidad, y que el diálogo debe darse sin afectar derechos de terceros ni el funcionamiento de la ciudad.
