Granjas Carroll niega contaminación en Puebla; SMA no detecta incumplimientos

Mientras la empresa asegura operar conforme a la ley, sanciones federales y multas recientes generan dudas sobre su impacto ambiental

 

La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) de Puebla informó este miércoles que no existe evidencia científica que pruebe que la empresa transnacional Granjas Carroll esté contaminando el agua o el suelo en la entidad.

Durante una rueda de prensa, la titular Rebeca Bañuelos Guadarrama señaló que su dependencia realizó una visita técnica reciente a las instalaciones de la empresa porcícola, la cual cuenta con diez autorizaciones vigentes de impacto ambiental emitidas entre 2001 y 2019, además de trece planes de manejo de residuos en proceso de revisión.

La funcionaria destacó que Granjas Carroll opera bajo un modelo de economía circular, aprovechando biolodos orgánicos generados en sus plantas de tratamiento de agua, y que la Secretaría acompaña a la empresa para mantener sus certificaciones en orden.

“Hasta ahora, la empresa cumple con la normatividad ambiental bajo la competencia del estado y no se ha encontrado ningún incumplimiento”, afirmó Bañuelos Guadarrama.

Sin embargo, esta versión contrasta con la información que ha salido a la luz desde 2022, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) impuso sanciones a Granjas Carroll en la región de Libres–Oriental por daños ambientales. Estas multas derivaron de dos inspecciones realizadas en ese año, cuyos resultados señalaron irregularidades que podrían indicar reincidencia en incumplimientos.

La gravedad del daño ambiental, el alcance de la contaminación a mantos freáticos y suelos, así como el monto exacto de las multas, permanecen desconocidos públicamente debido a que la Profepa ha condicionado el acceso a los expedientes a costos elevados, en apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

Ante esta discrepancia, la SMADSOT reafirma que, según sus revisiones y bajo la normativa estatal, la empresa cumple con los requisitos ambientales, mientras que la autoridad federal continúa investigando posibles infracciones.

El caso mantiene expectantes a comunidades y organizaciones ambientalistas preocupadas por el impacto que la actividad porcícola pueda tener en el ecosistema regional.

 

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