Cerca de 950 autobuses turísticos en Puebla operan de manera ilegal al superar el límite permitido de 12 años de antigüedad o circular sin seguros obligatorios para pasajeros, lo que representa un grave riesgo para quienes contratan estos servicios, advirtió la Unión de Transportes Turísticos del estado.
Juan Carlos Méndez Rodríguez, presidente de esta organización, denunció que muchas de estas unidades llevan hasta tres décadas en circulación, prestando servicios de excursión sin cumplir con los requisitos mínimos de seguridad ni contar con supervisión oficial. En caso de accidente, los usuarios quedan desprotegidos al no haber pólizas que cubran atención médica o indemnizaciones.
El representante del gremio explicó que la mayoría de estos autobuses ilegales pertenecen al esquema de “hombre-camión”, es decir, son propiedad de personas físicas que rentan las unidades para viajes turísticos. Muchos de los conductores trabajan con licencias vencidas, y las unidades siguen operando gracias a acuerdos internos con organizaciones que los integran como socios, pese a su incumplimiento legal.
Las 70 empresas formales afiliadas a la Unión han solicitado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y al gobierno del estado que realicen operativos en carreteras para frenar esta práctica, pues aseguran que está en juego la seguridad de las familias que viajan en excursiones.
Méndez Rodríguez señaló además que estos servicios ilegales ofrecen precios solo un 25% más bajos que las empresas establecidas, pero lo hacen sin invertir en mantenimiento, capacitación o seguros, lo que representa una competencia desleal que perjudica a por lo menos 300 trabajadores del sector formal.
Lamentó que mientras las empresas responsables son objeto constante de inspecciones y sanciones, las unidades ilegales circulan con total impunidad. “No hay un piso parejo. Nosotros cumplimos con los requisitos, pero pagamos las consecuencias de la mala imagen que dejan quienes operan sin control”, indicó.
Por último, mencionó que la inseguridad en carreteras ha generado temor entre los choferes, dificultando aún más la operación de las empresas legales. Aunque los ataques se dirigen principalmente a transportes de carga, el riesgo para los servicios turísticos no deja de crecer.
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