La legalización de los arrancones y suspensión de los operativos de alcoholimetría en Puebla no solo significaría un retroceso en la reducción de la siniestralidad vial, sino que implicaría el incumplimiento de la Ley General de Movilidad, advirtió el Observatorio Estatal de Movilidad y Seguridad Vial.
El organismo señaló que la cancelación de las pruebas de alcoholimetría debilita una de las herramientas más efectivas para prevenir accidentes y muertes en la vía pública. Recordó que estos operativos cuentan con sustento en estándares internacionales y en la legislación vigente, por lo que dejar de aplicarlos implicaría ignorar principios elementales de seguridad vial.
Además, alertó que la decisión envía un mensaje de permisividad para quienes conducen bajo los efectos del alcohol, lo que pondría en mayor riesgo a personas conductoras, usuarias de bicicleta y peatones. La prevención, enfatizó, es una medida comprobada para reducir siniestros y proteger la vida.
Sobre los arrancones, el observatorio subrayó que se trata de prácticas consideradas de alto riesgo, al transgredir la normatividad de tránsito y favorecer la circulación de vehículos a gran velocidad. También señaló que este tipo de actividades contradicen el principio de prioridad de movilidad, donde se debe garantizar primero la protección de usuarios vulnerables.
La organización advirtió que avalar estas carreras, aun bajo una figura de legalidad, implicaría fomentar el uso temerario de vehículos en zonas urbanas y priorizar el entretenimiento automovilístico por encima de la seguridad pública. También alertó que esta medida podría incrementar los riesgos de choques, atropellamientos y fallecimientos, además de profundizar la problemática de violencia vial en diversos municipios.
Ante este escenario, el Observatorio Estatal de Movilidad hizo un llamado a las autoridades de Puebla para replantear ambas propuestas. Solicitó retomar políticas públicas alineadas con la visión de cero muertes en el tránsito y reforzar la coordinación institucional para el desarrollo de estrategias efectivas basadas en evidencia.
Finalmente, planteó que cualquier decisión en materia de movilidad debe apegarse a la Ley General de Movilidad y a los compromisos internacionales para reducir fallecimientos por siniestros viales. También insistió en mantener y fortalecer los operativos de alcoholimetría, bajo el respeto a derechos humanos y la prevención como eje central.
