El debate legislativo para incluir la revocación de mandato en la Constitución de Puebla se pospone hasta que el Congreso retome actividades en agosto, dejando en pausa una demanda ciudadana respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A principios de julio, la SCJN emitió una sentencia que obligaba al Congreso local a legislar esta figura, la cual permite a la ciudadanía destituir a funcionarios electos antes de que concluya su periodo. Sin embargo, la resolución no establece un plazo concreto para el cumplimiento, lo que ha generado que el Poder Legislativo no aborde aún el tema.
La Comisión Permanente del Congreso concluye actividades el 25 de julio y retomará sesiones ordinarias a partir del 12 de agosto. En este interregno, no hay programada discusión sobre la reforma, pese a la presión del colectivo Hermanos Serdán, quienes promovieron un amparo para que se atienda esta obligación.
Desde su trinchera, legisladores como Guadalupe Vargas y Rafael Micalco han expresado voluntad para avanzar en el proceso durante el próximo periodo legislativo, asegurando que se analizarán las iniciativas en las comisiones correspondientes.
Por su parte, el colectivo insistió en que la sociedad civil debe ser parte activa en la construcción de las reformas no solo en la Carta Magna estatal, sino también en las leyes secundarias que definirán los detalles operativos del mecanismo, incluyendo los procedimientos para impugnar y validar la revocación.
La sentencia de la Corte se basa en una reforma constitucional federal de 2019, que estableció un plazo de 18 meses para que las entidades incorporaran la revocación de mandato en sus normativas. Si Puebla no cumple en un tiempo razonable, podría enfrentar sanciones legales, incluyendo la posible destitución de legisladores por desacato.
Además de su impacto local, esta resolución sienta un precedente legal para que otros estados del país que no han regulado esta figura cumplan con la reforma, consolidando un nuevo derecho ciudadano en el marco electoral mexicano.
La demora en legislar ha dejado en suspenso la implementación de un mecanismo que fortalecería la participación ciudadana y la rendición de cuentas en Puebla, mientras la sociedad y expertos vigilan el compromiso del Congreso para acatar el mandato judicial.
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