El Congreso de Puebla analiza una iniciativa para sancionar a funcionarios que difundan información sensible de víctimas, luego de que se registraran filtraciones en casos de alto impacto.
El llamado surge tras la divulgación de datos relacionados con el ataque afuera del bar Sala Despecho, donde Joaquín Wirth y otras dos personas fueron asesinadas. Versiones filtradas atribuían el ataque a presuntos vínculos con el narcomenudeo y deudas, lo que, según legisladores, expone innecesariamente a las víctimas.
La propuesta fue presentada por la diputada del PAN Susana Riestra Piña. Esta no es la primera vez que se detectan filtraciones. En enero, la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Idamis Pastor Betancourt, dio a conocer información sobre Lydia Valdivia Juárez, generando polémica por la difusión de datos privados y sensibles de la víctima.
La iniciativa propone agregar un artículo a la Ley de Víctimas que prohíba expresamente a servidores públicos divulgar información, imágenes o audios bajo su custodia o acceso por su cargo, ya sea directa o indirectamente. La medida busca proteger la dignidad, intimidad y seguridad de las personas afectadas y evitar que vuelvan a ser víctimas de la exposición pública.
Quienes violen esta disposición podrían recibir sanciones administrativas y civiles. Además, la iniciativa se apoya en la “Ley Ingrid”, vigente en Puebla, que establece penas de prisión de seis a 12 años y multas de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización por la filtración de información sobre víctimas.
Con esta reforma, el Congreso pretende garantizar que las autoridades manejen la información de manera responsable y que se respete la confidencialidad de las víctimas en todos los procesos judiciales y de investigación.
