En Puebla se registraron 22 carpetas de investigación por feminicidio entre enero y octubre de 2025, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), un dato que marca el balance más reciente sobre la violencia feminicida en la entidad durante el año.
A partir de ese registro, el gobierno estatal ha sostenido que los casos disminuyeron alrededor de 40 por ciento en comparación con 2024, cuando se documentaron 39 feminicidios en el mismo periodo. Las autoridades atribuyen esta reducción a acciones institucionales como mayor coordinación interinstitucional, programas de prevención y atención a víctimas.
Sin embargo, organizaciones civiles, observatorios ciudadanos y académicos advierten que la disminución reportada no necesariamente refleja la realidad completa, debido a las diferencias en la clasificación de los delitos y al rezago en las investigaciones. Señalan que numerosos asesinatos de mujeres continúan siendo investigados como homicidios dolosos y no como feminicidios, lo que impacta directamente en las estadísticas.
Estos grupos han elaborado conteos paralelos que no siempre coinciden con los números oficiales y han alertado sobre patrones que se mantienen en los casos documentados, como la localización de víctimas en parajes alejados, investigaciones prolongadas y la falta de sentencias en una parte significativa de los expedientes.
La Fiscalía reconoce avances en algunos procesos y la obtención de resoluciones judiciales en casos específicos; no obstante, familiares de víctimas y colectivos subrayan que una alta proporción de carpetas permanece sin sentencia, lo que refuerza la percepción de impunidad.
El caso de la abogada Cecilia Monzón continúa como un referente en el debate público sobre el acceso a la justicia para las mujeres en Puebla. Su asesinato y el desarrollo del proceso judicial mantienen vigente la exigencia social de investigaciones más ágiles y sanciones ejemplares.
Mientras las autoridades estatales destacan la tendencia a la baja en los registros oficiales, activistas insisten en que las cifras deben analizarse con cautela y acompañarse de una investigación con perspectiva de género desde las primeras diligencias, para evitar subregistros y ofrecer un diagnóstico más preciso de la violencia contra las mujeres en la entidad.
