Ante el presunto desfalco por 547 millones de pesos, la administración municipal de Puebla presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
La revisión interna realizada por la Contraloría municipal sacó a la luz más de mil 300 expedientes con irregularidades administrativas, que van desde pagos sin contrato hasta indemnizaciones sin la debida autorización. Estos hallazgos apuntan a un posible manejo indebido de recursos durante la pasada administración.
Actualmente, el Ayuntamiento se limita a documentar y enviar las anomalías a la Fiscalía, pues carece de facultades para definir responsabilidades legales. Será la FGE la encargada de investigar y determinar si existen elementos para iniciar procesos judiciales contra los exfuncionarios implicados.
Entre los señalados se encuentran integrantes de diversas áreas municipales, incluidos ediles auxiliares y personal clave de Tesorería y la Secretaría de Administración. Estos indicios reflejan una falta de controles y supervisión que pudo favorecer la malversación.
El avance en las investigaciones permitirá a la Fiscalía notificar a los presuntos responsables, quienes tendrán oportunidad de presentar su defensa conforme a derecho. Mientras tanto, la administración actual busca transparentar el proceso y recuperar la confianza de la ciudadanía.
Este caso evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización interna para evitar que actos similares se repitan en el futuro, consolidando un gobierno más responsable y eficiente.
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