El huachicol hídrico se ha convertido en una de las principales preocupaciones en Puebla, donde la venta ilegal de agua con uso agrícola ha alcanzado niveles alarmantes. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), numerosos concesionarios aprovechan permisos destinados al riego para comercializar el líquido en pipas, generando un negocio clandestino que afecta directamente a comunidades rurales y al abasto legal del recurso.
El director general de la Conagua, Efraín Morales López, advirtió que Puebla figura entre las entidades con más irregularidades detectadas durante la revisión nacional de concesiones de agua. Señaló que la práctica del desvío de uso agrícola se ha extendido con complicidad de particulares y, en algunos casos, con omisiones de autoridades locales.
Como parte de una estrategia federal para frenar la corrupción, la Conagua lleva a cabo la verificación de más de 536 mil títulos de concesión en todo el país. El proceso ha revelado miles de inconsistencias, como coordenadas falsas, permisos duplicados o sin vigencia, y títulos utilizados para fines distintos a los autorizados. Hasta la fecha, se han realizado más de 4 mil inspecciones en campo y se han impuesto sanciones en varios estados.
Para evitar que el agua siga siendo tratada como mercancía, el organismo implementa el Sistema del Registro Nacional de Aguas (RNA), una plataforma digital que concentrará los datos de cada concesión y permitirá rastrear los movimientos de los funcionarios involucrados en los trámites. El sistema será de acceso público y busca reforzar la transparencia.
Además, se proyecta la creación de un Fondo de Agua destinado a proyectos estratégicos de conservación, cuya aprobación requerirá la intervención de diversas dependencias federales. Con ello, se pretende cerrar el paso a decisiones discrecionales y fortalecer el control sobre el uso del recurso.
Hasta el momento, la Conagua ha recibido más de mil 500 reportes ciudadanos por presunto uso irregular del agua en distintas regiones del país, muchos de ellos derivados de denuncias sobre la venta ilegal del recurso en Puebla, donde se ha detectado una práctica recurrente de comercialización ilícita del líquido concesionado para uso agrícola.
