La extorsión en Puebla ha registrado un aumento significativo en 2025, con 29.7 casos diarios en enero, frente a los 18.8 diarios de 2018, lo que representa un incremento del 57.9%. Este crecimiento resalta la urgencia de establecer mecanismos más efectivos para prevenir y sancionar este delito.
En respuesta, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Puebla aprobó en comisiones la reforma constitucional que permitirá la creación de la Ley General contra la extorsión, iniciativa enviada por la presidencia de México y respaldada previamente por el Senado.
La propuesta contempla homogeneizar las penas por extorsión en todos los estados, asegurando que el castigo sea proporcional al delito y evitando disparidades entre jurisdicciones. Además, se prevén medidas para proteger a víctimas, ofendidos y testigos, y fortalecer las investigaciones mediante tecnología y sistemas de inteligencia.
Entre las medidas preventivas también se incluye la obligación de registrar la compra de chips telefónicos con identificación oficial, con bases de datos resguardadas por las compañías y accesibles únicamente mediante orden judicial, como parte de los mecanismos para frenar la actividad delictiva.
La reforma otorgará al Congreso de la Unión facultades para expedir legislación general, buscando coordinación entre los tres niveles de gobierno y una aplicación más uniforme y eficaz de la ley contra la extorsión.
