La desactivación de 48 cámaras instaladas sin permiso en distintos puntos de Puebla abrió una nueva línea de investigación sobre el seguimiento clandestino de actividades vecinales para posibles fines delictivos. Los dispositivos no pertenecían a comercios, autoridades ni residentes identificados, lo que despertó preocupación por el tipo de información que pudieron haber obtenido.
Los equipos estaban ocultos en zonas con alta movilidad, como el Centro Histórico, los alrededores de los estadios y las juntas auxiliares Ignacio Romero Vargas y San Baltazar Tetela. Su ubicación permitía monitorear entradas, salidas, rutas peatonales y horarios cotidianos, información clave para planear robos o agresiones.
La primera cámara irregular fue detectada hace un año, cuando personal municipal notó un equipo ajeno a los sistemas urbanos de vigilancia. Ese hallazgo derivó en recorridos y verificaciones técnicas que, con el paso de los meses, revelaron la existencia de más dispositivos conectados de forma paralela al monitoreo institucional.
Autoridades municipales explicaron que antes de cada retiro se confirma si el aparato pertenece a un vecino o establecimiento con alguna autorización. Al descartar la propiedad legítima, el equipo es asegurado y se registra su ubicación como posible evidencia dentro del expediente.
El gobierno municipal anticipó que el rastreo continuará, pues la presencia de cámaras sin control oficial implica riesgos para la privacidad y la seguridad en espacios públicos. La prioridad —señalaron— es evitar que grupos delictivos operen sistemas de observación propios para decidir cuándo y a quién atacar.
Mientras avanza la inspección, se prevé ampliar patrullajes y vigilancia física en las zonas donde se localizaron estos dispositivos. La administración local analiza además si existen otros puntos con infraestructura similar aún no detectada, lo que daría nuevas dimensiones al caso.
