De las 151 denuncias por presuntos actos de corrupción presentadas durante los primeros siete meses de 2025 en Puebla, apenas 50 fueron turnadas a investigaciones formales, mientras que otras 50 continúan bajo revisión y solo dos fueron archivadas, según datos oficiales. Esto evidencia que gran parte de las acusaciones no ha avanzado hacia un resultado concreto.
La información muestra que, aunque se recibieron numerosas quejas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aún tiene pendiente resolver la mitad de los casos, dejando a la ciudadanía sin claridad sobre los avances en la sanción de presuntas irregularidades.
Los números reflejan además una tendencia a la baja en la presentación de denuncias: de 350 en 2023, descendieron a 261 en 2024 y a 151 en lo que va de 2025. Las investigaciones iniciadas también muestran una disminución significativa, de 309 a 50 en tres años, lo que plantea dudas sobre la eficacia del sistema para perseguir la corrupción.
El caso del exdirector operativo de la Policía Auxiliar, Alejandro Ramírez Ulloa, ilustra la problemática. Aunque fue separado del cargo por presuntos cobros irregulares, reapareció meses después en un acto oficial, cuestionando la efectividad de las investigaciones y la percepción de impunidad.
Estos datos ponen en evidencia que, en Puebla, gran parte de las denuncias por corrupción permanece sin avances claros, lo que limita la rendición de cuentas y mantiene dudas sobre la eficiencia de los mecanismos de control interno del gobierno estatal.
