El gobierno de Puebla dio un giro al conflicto con la plataforma Uber, luego de que la empresa dejó sin efecto el recurso legal que le permitía operar sin sujetarse a la normativa estatal, lo que la obliga ahora a ajustarse a las condiciones vigentes.
La titular de Movilidad, Silvia Tanús Osorio, confirmó que la compañía tendrá un mes para completar su proceso de regularización, que incluye tanto a conductores como a vehículos que actualmente prestan el servicio en la entidad.
Entre los cambios más relevantes está la exigencia de que los operadores tramiten licencias de transporte mercantil, en sustitución de los permisos particulares con los que han trabajado, así como la certificación correspondiente para este tipo de servicio.
El ajuste también implica que la empresa deberá alinear su modelo a disposiciones federales en materia laboral, particularmente en lo relacionado con prestaciones y acceso a seguridad social para quienes trabajan a través de la aplicación.
La autoridad estatal indicó que, aunque las unidades continúan en operación, deberán registrarse conforme a los lineamientos locales dentro del plazo establecido, en un contexto donde se busca ordenar el servicio y equiparar condiciones con otros esquemas de transporte.
Este escenario se produce tras el fin del permiso otorgado en 2015, que permitió a la plataforma operar durante diez años con reglas distintas. Con la retirada del amparo, el proceso legal se modifica y abre paso a su incorporación plena al marco regulatorio estatal.
