Seis presidentes municipales de Puebla han sido detenidos en menos de dos años por investigaciones relacionadas con delitos que van desde abuso de autoridad, secuestro, narcomenudeo y robo de vehículos con mercancía hasta presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Las consecuencias han alcanzado directamente a los gobiernos municipales. En al menos cinco demarcaciones, el Congreso del Estado ha tenido que recurrir a la instalación de concejos municipales ante la ausencia de los alcaldes que enfrentan procesos o investigaciones.
Uno de los episodios que más ha marcado este periodo es el de los hermanos Uruviel, Giovanni y Ramiro González Vieyra, quienes gobernaban municipios de la Sierra Nororiental. Los dos primeros fueron detenidos en marzo de 2025, mientras que Ramiro fue arrestado meses después al salir de una audiencia judicial. Sus expedientes incluyen señalamientos por abuso de autoridad, posesión de armas, falsificación de documentos y presuntos delitos contra la salud.
A estos casos se suman los de Gerardo Cortés Caballero, de Cuautempan; Juan Pérez Moral, de Tianguismanalco, y Said de Jesús Godos Luna, de Tepeyahualco. Este último fue detenido el pasado 4 de septiembre y es investigado por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.
El componente político también resulta relevante: cuatro de los seis alcaldes detenidos pertenecen a Movimiento Ciudadano, mientras que Alfredo Ramírez Hernández, edil de Ahuazotepec, permanece prófugo con una orden de aprehensión por extorsión, robo de vehículos de carga pesada y narcomenudeo.
La situación coincide con el fortalecimiento de Movimiento Ciudadano en Puebla y la incorporación del exgobernador Antonio “Tony” Gali como uno de sus nuevos referentes. En contraste, el gobernador Alejandro Armenta ha sostenido que ningún funcionario debe quedar fuera del alcance de la justicia por su partido o relaciones políticas.
