El registro nacional contabiliza más de tres mil personas no localizadas en Puebla, una cifra que se ha mantenido al alza durante los últimos años y que evidencia la magnitud del rezago en las tareas de búsqueda en la entidad.
Aun con ese contexto, la propuesta presupuestal apenas contempla un incremento del 7% para la Comisión estatal responsable de coordinar operativos y análisis de casos, un ajuste que diversos colectivos consideran insuficiente frente al crecimiento continuo de los reportes.
Familiares de víctimas subrayan que la falta de recursos se refleja en equipos incompletos, tiempos prolongados para iniciar búsquedas y escasos peritajes de campo, lo que dificulta la reconstrucción de rutas o la ubicación de indicios.
Además, señalana que la Comisión opera con cargas de trabajo que superan su capacidad operativa, pues cada semana se añaden nuevas denuncias, mientras los procesos de verificación y localización avanzan a un ritmo significativamente menor.
Especialistas en derechos humanos advierten que el presupuesto propuesto no incorpora inversiones para fortalecer áreas clave como análisis forense, tecnología para identificación o mecanismos de coordinación con autoridades municipales, donde se concentra parte de los reportes recientes.
Frente a este escenario, familiares y organizaciones reiteran la necesidad de revisar la distribución de recursos antes de su aprobación final, al considerar que la cifra de más de tres mil personas sin localizar obliga a replantear la respuesta institucional en Puebla.
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