El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó anular las elecciones para ministros de la Suprema Corte, aunque Puebla se ubicó entre los estados con mayor incidencia de propaganda ilegal conocida como “acordeones”. La decisión genera cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos de supervisión electoral y la protección de la equidad en los comicios.
Capturas de pantalla y enlaces a sitios web documentaron que la propaganda se difundió incluso durante la veda electoral y el día de la elección, lo que viola las normas que limitan su uso a fines individuales y discretos. A pesar de esta evidencia, los magistrados consideraron que no era suficiente para invalidar los resultados.
El proyecto de sentencia presentado por los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malásis mostró que Puebla, junto con otros estados, concentró la mayor cantidad de registros probatorios sobre el uso indebido de los acordeones. Los materiales parecían favorecer a determinados candidatos, cuestionando la transparencia de la votación en la entidad.
Aunque los ganadores del proceso ya recibieron sus constancias de mayoría, críticos advierten que la decisión deja un precedente preocupante: la tolerancia a irregularidades en Puebla podría normalizar la manipulación de propaganda en elecciones futuras, debilitando la confianza ciudadana en los procesos judiciales y electorales.
Analistas y organizaciones civiles señalan que la resolución evidencia un desfase entre la regulación electoral y su aplicación práctica. Mientras la evidencia de violaciones es clara, la decisión del TEPJF muestra que los mecanismos de control no siempre logran garantizar la integridad de los comicios, dejando a Puebla como un ejemplo de las limitaciones en la supervisión de la propaganda ilegal.
