Ante posibles indicios de desvío de recursos, fraude fiscal y lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una revisión sobre la Fundación Mary Street Jenkins, con sede en Puebla. El fideicomiso habría acumulado alrededor de 14 mil millones de pesos en bienes y dinero.
Los movimientos recientes del fideicomiso han generado cuestionamientos sobre la transparencia en la administración de sus recursos, algunos de los cuales habrían sido transferidos a otros fideicomisos o a cuentas en el extranjero, incluyendo países considerados paraísos fiscales como Barbados y Panamá.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la UIF y el SAT supervisarán la situación para verificar posibles irregularidades fiscales y financieras, así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la fundación. Cabe resaltar que la Fundación Jenkins ha ganado múltiples litigios previos contra autoridades estatales..
Fuentes cercanas al gobierno estatal señalaron que Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, analiza las acciones legales necesarias para recuperar recursos que podrían haber sido desviados, aunque los antecedentes judiciales de la fundación complican la posibilidad de procesos inmediatos.
Además, investigaciones previas involucraron órdenes de aprehensión contra miembros de la familia Jenkins de Landa y conflictos legales con la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), institución vinculada al fideicomiso, lo que añade complejidad al seguimiento de los recursos.
Especialistas en derecho fiscal advierten que los hallazgos de la UIF podrían derivar en sanciones y en medidas para garantizar que los fondos se destinen exclusivamente a fines de beneficencia pública, cumpliendo con el objetivo original del fideicomiso.
