La capacidad del sistema de justicia en Puebla para responder a los delitos sexuales contra menores de edad se mantiene rebasada. Aunque cada año se acumulan nuevas denuncias, el número de casos que llega a una sentencia sigue siendo marginal, lo que ha convertido a la impunidad en un patrón persistente.
Entre 2020 y la fecha, apenas dos decenas de agresores han sido condenados por violación contra niñas y adolescentes, pese a que las fiscalías han iniciado casi dos mil investigaciones en ese mismo periodo. La proporción evidencia que la mayoría de las víctimas no obtiene una resolución judicial.
En lo que va de 2025, las carpetas de investigación abiertas por violación en agravio de menores suman más de un centenar. La mayor parte de estos casos involucra a adolescentes, aunque los registros oficiales muestran que las agresiones contra niñas menores de 12 años han aumentado de forma constante en los últimos años.
Solo entre enero y agosto de este año, se documentaron 21 denuncias por violación contra niñas en ese rango de edad, una cifra superior a la reportada en años anteriores y que confirma una tendencia ascendente en los ataques contra víctimas cada vez más pequeñas.
El fenómeno no se limita a una región específica del estado. Si bien la capital concentra el mayor número de denuncias, municipios como Amozoc, Atlixco, Huauchinango y Huejotzingo también figuran de manera recurrente en los registros de la Fiscalía General del Estado.
Las dificultades no terminan con la denuncia. En algunos casos, las víctimas enfrentan barreras adicionales para acceder a la justicia, como ocurrió recientemente en la Sierra Norte, donde una menor indígena tuvo que trasladarse durante horas para denunciar una agresión sexual y enfrentó retrasos por la falta de intérpretes certificados en su lengua materna.
Mientras las investigaciones se acumulan y las sentencias siguen siendo excepcionales, las cifras oficiales muestran que la violencia sexual contra niñas y adolescentes en Puebla no solo persiste, sino que se profundiza sin una respuesta institucional proporcional.
