El Congreso de Puebla tendrá un plazo de 10 días hábiles para informar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las acciones realizadas para cumplir con la sentencia que ordena reformar la legislación estatal en materia de identidad de género para menores de edad.
El requerimiento fue dirigido tanto al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Marcos Castro Martínez, como al director general de Asuntos Jurídicos, Estudios y Proyectos Legislativos, Jesús Juárez Lezama, quienes deberán remitir documentación certificada sobre el avance del proceso legislativo.
La Corte advirtió que, en caso de no atender la solicitud dentro del plazo establecido, ambos funcionarios podrían recibir multas de hasta 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a más de 14 mil pesos en valores de 2026.
La resolución judicial busca que el Poder Legislativo estatal establezca un mecanismo para que niñas, niños y adolescentes puedan obtener una nueva acta de nacimiento acorde con su identidad de género autopercibida.
De acuerdo con el máximo tribunal, el área jurídica del Congreso también fue vinculada formalmente al cumplimiento debido a que es la encargada del análisis técnico y elaboración de proyectos relacionados con las iniciativas pendientes en la materia.
El caso deriva de una sentencia emitida por la SCJN en 2022, cuando declaró inconstitucional impedir que personas menores de 18 años modificaran legalmente su identidad de género en documentos oficiales dentro del estado de Puebla.
