Organizaciones sociales, colectivos y activistas denunciaron el uso de vehículos blindados con tecnología de origen israelí durante el operativo de seguridad desplegado en San José Chiapa, Puebla, donde habitantes mantienen un conflicto por la defensa de su territorio ante la construcción de un proyecto industrial.
La acusación fue difundida mediante una carta internacional publicada por Nodo de Derechos Humanos, firmada por agrupaciones, académicos, periodistas y defensores de derechos humanos de México y otros países, quienes señalaron que el despliegue de este equipo representa una forma de intimidación contra las comunidades.
De acuerdo con el pronunciamiento, en el operativo participan unidades Black Mamba APC SandCat, fabricadas en México por TPS Armoring y Epel Tácticos, a partir del modelo SandCat desarrollado por la empresa israelí Plasan. Los firmantes afirmaron que vehículos similares son utilizados por fuerzas israelíes en operativos en Palestina.
Las organizaciones sostuvieron que la presencia de este tipo de unidades en San José Chiapa constituye un uso desproporcionado de la fuerza pública contra comunidades campesinas e indígenas que se oponen al Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI), proyecto impulsado por los gobiernos federal y estatal.
El conflicto en la zona surgió por la instalación del PODECIBI, una iniciativa que, de acuerdo con las autoridades, busca generar empleos, atraer inversión y mejorar el manejo de residuos. Sin embargo, habitantes y organizaciones opositoras han expresado preocupación por posibles afectaciones al agua, al medio ambiente y a las tierras de la región, además de señalar falta de información y consulta.
En la carta, los firmantes también acusaron al gobierno de Puebla de mantener un cerco policiaco desde el pasado 29 de junio y de recurrir a fuerzas especiales para contener la protesta social. Asimismo, señalaron al gobernador Alejandro Armenta de promover acciones legales contra defensores del territorio, acusaciones que no han tenido respuesta pública hasta la difusión del documento.
Las organizaciones argumentaron que el despliegue de tecnología militar en este tipo de conflictos contraviene normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos y protección a personas defensoras del medio ambiente, por lo que hicieron un llamado a evitar la normalización de estas prácticas.
Hasta el momento de la publicación del pronunciamiento, los gobiernos federal y estatal de Puebla no habían emitido una postura respecto a los señalamientos realizados por las organizaciones firmantes.
