Un tribunal federal revisa la impugnación del Gobierno de Puebla contra la suspensión parcial de la Ley de Ciberseguridad, medida dictada por un juez que beneficia a un investigador señalado. El debate se centra en determinar si esta ley restringe la libertad de expresión o si es un instrumento vital para enfrentar delitos en el ámbito digital.
El académico Roberto Celaya Figueroa obtuvo la suspensión con el argumento de que la ley podría emplearse para censurar opiniones críticas en redes sociales. Sin embargo, la Consejería Jurídica del estado sostiene que la medida judicial limita la persecución de delitos como el ciber acoso, afectando el interés público.
En paralelo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) prepara una acción de inconstitucionalidad contra la legislación, luego de que la Red de Periodistas Puebla solicitara su intervención ante el riesgo de que la norma se use para silenciar a periodistas y ciudadanos críticos.
Especial preocupación genera el artículo 480 del Código Penal poblano, que establece penas de hasta tres años de prisión para quienes usen medios digitales para insultar o causar daño emocional de forma reiterada. La CNDH advierte que esta disposición puede vulnerar derechos fundamentales y funcionar como un mecanismo de censura.
El Primer Tribunal Colegiado en materia penal tiene previsto resolver la impugnación en los próximos días, mientras la discusión sobre el alcance y validez de la Ley de Ciberseguridad continúa en la esfera jurídica y social.
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